Articulo hecho por: Carmen de la Vega Rázuri – jefa del Área de Participación Ciudadana y Gestión Pública
La violencia de género, sigue siendo uno de los principales problemas que afecta a nuestra sociedad. Pese al avance normativo y la aprobación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como local, los altos índices de denuncias por violencia, así lo demuestran. El 2023, se denunciaron 166,313 casos, ante los Centros de Emergencia Mujer. El 85% de víctimas, eran mujeres.
La Política Nacional de Igualdad de género, aprobada en el año 2019, plantea en su Marco Conceptual, lo que, a juicio de especialistas, investigadores y sentidos comunes, es la raíz del problema: la persistencia de una cultura machista, que irradia toda la sociedad, desde la crianza de los hijos y la vida en familia, las dinámicas sociales, las relaciones laborales, las oportunidades en la vida política, las formas en que nos comunicamos y expresamos, entre otras. Todo ello, ha generado prácticas de discriminación hacia las mujeres, que han colocado a muchas en situación de vulnerabilidad, afectando su desarrollo personal y sus expectativas de vida futura.
Cada año, el INEI, publica las Brechas de género, las medidas que dan cuenta de la diferencia entre mujeres y hombres en el acceso a derechos, recursos y oportunidades, las que nos permiten evidenciar, que, si no avanzamos hacia la igualdad, las condiciones que generan la violencia que afecta a las mujeres, seguirán manteniéndose. Una de estas condiciones, es sin duda, la creencia y práctica generalizada, que el cuidado de la familia, es labor exclusiva sino principal, de las mujeres; siendo ellas las que, por años, han relegado sus estudios, oportunidades laborales, desarrollo profesional, o simplemente derecho al descanso, para dedicarse a las labores del cuidado.
En Lima Norte, como en otras zonas populares de nuestro país, este cuidado no solo ha sido dirigido a la familia, sino incluso a la comunidad; siendo las mujeres, las primeras en dar respuesta a situaciones de crisis, a través de los comedores populares, vasos de leche, ollas comunes, entre otras.
Es tiempo de reflexionar, sobre este rol del cuidado, impulsando políticas nacionales y locales que, recogiendo las experiencias del trabajo no remunerado de las mujeres, den respuestas a necesidades de nuestra población, que deben ser compartidas al interior de las familias, así como por el Estado y la comunidad en general. La mejora de la calidad de vida, la protección de nuestra población vulnerable y el desarrollo en igualdad, de nuestro país, dependen de ello.
