La Educación en tiempos de interpelación ministerial
En tiempos de interpelación y censura al ministro de educación, hay un consenso en la opinión pública de que para la mayoría parlamentaria el debate de fondo no ha estado centrado en discutir acerca de una reforma educativa, sino en llevar adelante una exhibición de fuerza a través de una muy pobre argumentación y desempeño parlamentario.
Estos hechos han generado la respuesta de sectores ciudadanos, quienes han salido a las calles para demandar mayor respeto por la educación, lo que implica exigir mayor respeto por la vida de peruanas y peruanos, cuyas familias siguen depositando en la educación la expectativa de que sus hijos e hijas puedan alcanzar una mejora en sus condiciones de vida.[1]
Por eso indigna el manoseo político de parte del fujimorismo sin una real preocupación por abordar los temas de fondo. El Ministro Saavedra ha sustentado ante el Congreso y otros espacios lo que considera son los pilares de una reforma educativa en marcha. Se trata de políticas, algunas delineadas en la anterior gestión ministerial de Salas, cuya continuidad son saludables para la institucionalidad del país.
Reconociendo avances, es necesario el diálogo por la educación, ausente en el Congreso, movilizador para sectores de la ciudadanía y quizá aún lejano para muchas familias, más aún cuando perciben que se trata -otra vez- de una lucha de fuerzas en las alturas. El propio ministro ha afirmado que aún estamos lejos de lo deseable, lo cual es cierto y es preciso aportar en un diálogo que abone a favor de la(s) reforma(s).
El mapa de la desigualdad social y la desigualdad educativa están fuertemente asociadas expresado en las brechas existentes aún como en los resultados educativos. La diversidad cultural, territorial de nuestro país desafía la implementación del nuevo currículo; replantea la formación docente y exige formas de gestión más pertinentes. Se mantienen resistencias para abordar las relaciones entre mujeres y varones desde un enfoque de género, a pesar que somos uno de los países latinoamericanos con mayor violencia de género. Y se requiere profundizar en la gestión descentralizada, con efectiva descentralización presupuestal, consolidando capacidades regionales y locales.
La pretensión de este breve artículo no es analizar las políticas o establecer una agenda, sería mucha arrogancia. Pero si aportar a ese diálogo, compartiendo aprendizajes que ALTERNATIVA ha ido desarrollando en su intervención en escuelas del nivel secundario de zonas urbano populares de Lima Norte.
Convivencia Democrática desde las escuelas
En los últimos años diversos sucesos han llamado la atención sobre el nivel de la educación secundaria en nuestro país. Los resultados de la evaluación de aprendizajes a segundo de secundaria del año 2015 han puesto en evidencia los bajos niveles de logro en comunicación y lógico matemática. Una crítica amplia por el nivel de inversión en la secundaria que desarrollan la mayoría de estudiantes mientras los colegios de alto rendimiento cuentan con una inversión por alumnos diez veces mayor.
Si bien se están impulsando programas como la Jornada Escolar Completa implementado desde hace 2 años, algunos estudios plantean aspectos de fondo sobre el nivel secundario destacando aquí los referidos al entorno urbano: la vinculación necesaria con aprendizajes para la vida que contribuyan al logro académico y el mundo laboral; la fragmentación de los saberes especializados en secundaria en una etapa que se requiere capacidad de integración y juicio crítico; la convivencia misma, no sólo como “conducta” sino como aprendizaje ciudadano, en tiempos en que la violencia se hace más evidente en la escuela.[2]
Desde el Proyecto Escuelas Libres de Violencia, apoyado por el FIP, pudimos desarrollar un trabajo interesante en 20 escuelas de Comas e Independencia. Si bien la percepción generalizada es que la violencia en las escuelas se refiere sólo al acoso entre pares (bullying), el Sistema de Seguimiento a la Violencia Escolar (SISEVE) demuestra que un 60% de casos registrados son entre pares y un 40% son de adultos a estudiantes. Aún en relación al acoso escolar, las y los líderes escolares identificaron que las principales razones de violencia son la discriminación racial y cultural; ser o parecer afeminado y ser nuevo(a) lo que pone en evidencia prejuicios sociales y de género asentados en familias, docentes e hijos. [3]
Incidir en esos prejuicios es un desafío para las escuelas, las que son un espacio social de convivencia, y por tanto en ella se establecen relaciones de poder y autoridad, entre estudiantes y docentes; entre docentes y directivos; así como entre estudiantes. Las relaciones que se entretejen configurando un tipo de convivencia, y su gestión o sus vacíos pueden favorecer o no la reproducción o la prevención de la violencia.
Entonces, si bien la escuela no es ajena a la situación de inseguridad ciudadana y violencia existente en los barrios de las zonas, no se puede abordar sólo como un problema externo a la escuela sino que obliga a repensar la convivencia democrática, más allá de la disciplina, en relación con los aprendizajes y aún con la permanencia estudiantil.
La estrategia desarrollada por el proyecto apunto a fortalecer la participación estudiantil, para que desde los Municipios Escolares, entre pares se fomentara un diálogo más abierto sobre esta problemática. Necesariamente requirió la reflexión con directivos y docentes en torno a evaluar sus interacciones, sus expectativas hacia sus estudiantes, identificando la necesidad de un mayor conocimiento de sus estudiantes, y contextualizar sus planes de convivencia, en coordinación con los municipios escolares. Las normas concertadas entre estudiantes y docentes también fue un aspecto que consideraron revisar en la construcción de una convivencia democrática.
El fortalecimiento de la participación estudiantil, resultó muy potente y significativo para los actores juveniles quienes se vieron fortalecidos como organización y a nivel personal. El compartir espacios de diálogo con otros municipios escolares amplió la mirada a aspectos comunes y la construcción de propuestas distritales y a nivel metropolitano. Requiere de condiciones institucionales: no sólo para las elecciones, sino suficiente apoyo y asesoría para gestionar su plan de trabajo. La apertura a la participación estudiantil como parte de una escuela democrática e inclusiva, no sólo se restringe a los municipios escolares, sino al propio proceso de enseñanza aprendizaje, para que adolescentes, hombres y mujeres, puedan tener la posibilidad de expresión, autonomía para ser sujetos activos de sus propios aprendizajes.
Otro componente importante del proyecto fue el seguimiento a 80 familias de estudiantes de las escuelas de intervención. Ello vinculado también a la articulación interinstitucional a nivel local, con la Municipalidad, Poder Judicial, los CEMs, sector Salud, Ministerio Público, ONGs y escuelas. El COMUDENA de Comas y la Mesa de prevención de la Violencia familiar de Independencia, permitió en la práctica un trabajo articulado para desarrollar sinergias en la prevención, en la derivación de casos y en la concertación de políticas locales vinculando escuelas, familias e instituciones. La Mancomunidad Municipal de Lima Norte aprobó una Ordenanza para identificar entre otros aspectos la situación de violencia dentro y fuera de las escuelas. De este modo el trabajo interinstitucional a nivel local, y no sólo sectorial permitió una intervención en varios frentes y dan pistas para modelos de intervención.
[1] Según el estudio de opinión pública del IEP realizado en seis regiones del país, “la mitad de los padres y madres de familia encuestados responden que sus hijos e hijas van a la escuela para acceder a una educación superior; una tercera parte de ellos piensa que la escuela sirve para mejorar sus condiciones de vida; y casi un 20% cree que la escuela es útil para mejorar su condición social.” La Ciudadanía desde la escuela: calidad educativa, expectativas y aprendizajes. IEP – Fundación Gustavo Mohme. 2016
